• Una sentencia favorable en un proceso criminal, es el resultado de una representación técnica y adecuada, encabezada por abogados con amplia experiencia en la práctica dentro del campo de las salas de enjuiciamiento penal, que conozcan y usen las técnicas de litigación de manera estratégica, que agoten los recursos legales y las vías constitucionales para defender adecuadamente los altos intereses de las personas morales a las que representamos.

  • El derecho de defensa no solo es exclusivo de las personas físicas que son acusadas de haber cometido conductas antisociales que contravienen las normas de comportamiento y de respeto que dicta nuestra sociedad, sino que, también gozan de este derecho las empresas cuando se les investiga e imputa la comisión de algún delito.

     

    La responsabilidad penal de una persona moral puede tener origen en la conducta de algún miembro o representante de la empresa cualquiera que sea, cuando este incurra en un delito con los medios que para tal objeto fue constituida, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella.

    En la mayoría de casos, se pueden considerar como responsables de los delitos cometidos en representación de las empresas quienes actúen como administradores; estos pueden ser las personas que realizan actos de administración en una persona moral o jurídica, sea cual fuere el nombre o denominación que reciba conforme a las leyes aplicables o según la naturaleza jurídica del acto por el cual así se asuma.

  • •Delitos Fiscales y especiales del Sistema Financiero

    •Delitos Ambientales

    •Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial

    •Delitos en materia de hidrocarburos

    •Delitos por hechos de corrupción

    •Fraude, robo, abuso de confianzaión del elemento

  • •Elaboración y presentación de denuncias o querellas.

    •Diseño de protocolos de seguimiento en cada delito en particular,  acorde a las necesidades y naturaleza del ilícito.

    •Promoción de actos de investigación y diligencias ante el Ministerio Publico que impulsen y hagan más agiles y breves los tramites en la investigación.

    •Promoción de mecanismos alternos de solución de controversias, cuando la naturaleza del asunto lo amerite.

    •Solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de las personas responsables en el menor tiempo posible.

    •Coadyuvar con el Ministerio Publico en todas las etapas del proceso.

    •Interponer los recursos ordinarios y medios de impugnación constitucionales vía amparo que sean necesarios para la protección de los derechos fundamentales de nuestros clientes.

    •Reparación del daño integral y acceso a la justicia.